Una causa sobre la presunta apropiación de tierras mediante amenazas de muerte durante la última dictadura militar ha sido elevada a juicio oral y público, según informó la Justicia Federal. La hipótesis de los investigadores -basada en el relato de testigos y documentos oficiales- es que integrantes de la fuerza militar obligaron a una familia a donar una propiedad ubicada en la zona de Yucuchina, departamento Monteros, para edificar el pueblo Capitán Cáceres.
En noviembre de 1977, a las 16, un grupo de soldados del Ejército que se movilizaban en varios vehículos tumbaron la puerta de una casa de Tafí Viejo en la que vivían Jorge Ricardo Ygel y su esposa, María Elena Toledo, según el expediente. El requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal federal Carlos Alfredo Brito, indica que los uniformados encañonaron a Ygel y se lo llevaron sin dar explicaciones. Toledo, desesperada, subió a su automóvil para saber dónde lo llevaban. Pero en la capital le impidieron continuar. En la base del Ejército, indica el informe, interrogaron a Ygel y le exigieron que donara las tierras ubicadas en Yucuchina. Tras las amenazas, el hombre dijo que la dueña era su suegra, Julia Rita Ariza de Toledo. Después, Ygel fue llevado al depósito de muebles, negocio que le pertenecía; allí, según el expediente, le ordenaron que desocupara el local en 48 horas.
Tras esto, el hombre regresó a su casa y habló con su suegra para decirle que debía acceder a firmar las tierras. Dos días después, a la mañana, tres automóviles Ford Falcon estacionaron frente a la vivienda de los Ygel. Esta vez se llevaron a Rita Ariza, a quien condujeron a Casa de Gobierno, según el informe, y luego de amenazarla con armas de fuego la obligaron a firmar unos papeles.
Funciones
En esta causa estaba imputado el fallecido represor Antonio Domingo Bussi, quien fue gobernador de facto en esta provincia durante la dictadura. El entonces comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército estaba procesado violación de domicilio, secuestro coactivo, extorsión y falsificación de documento público (considerados, en este contexto, delitos de lesa humanidad). La acción penal contra Bussi cesó con su muerte. Quien continúa imputado es Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante del III Cuerpo del Ejército. En su caso, deberá responder por presunta violación de domicilio y secuestro coactivo. Todavía no hay fecha para este juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga (subroga a la jueza Alicia Noli).
La hipótesis de los investigadores indica que, durante la dictadura, el gobierno de facto habría utilizado este mecanismo para crear los pueblos Teniente Berdina, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres (donde estaba la propiedad de Ariza) y Sargento Moya.
fuente: http://www.lagaceta.com.ar
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