“¿Qué va a pasar?” La pregunta está cundiendo entre cada vez más gente. Y ocurre así porque nadie sabe qué contestar. Y entonces la duda se contagia y se esparce.
Ya no se trata de una preocupación creciente entre los sectores más o menos informados de la opinión pública. Es miedo, de arriba a abajo de la escala social. Miedo a que nadie pueda contra la violencia. Miedo a que la violencia se torne ingobernable en todas partes. Miedo a la muerte, a su despotismo omnipresente, a su rigor infinito y doloroso; a que el terror y el salvajismo desquiciado derrumben todos los diques institucionales y acaben con todas las formas civilizadas de la convivencia; miedo a que cualquier familia y cualquier persona sea vulnerable y pueda convertirse en víctima indefensa y en rehén de los criminales sin posibilidad de escapatoria: de sus amenazas, de sus extorsiones, de sus condiciones, del control inapelable sobre tu destino; miedo de tener que pagar lo que se exija por la vida de sus hijos, por el aire podrido que se respira; de tener que agradecer a los sicarios que nos gobiernen la bendición de estar a su merced y de no morir descuartizados a la menor provocación y por cualquier capricho.
Porque la vida en México parece a diario cada vez más prestada por ellos. Las noticias nos advierten cada día del horror de nuestro cautiverio; las notas sangrientas nos salpican y nos recuerdan que somos apenas unos sobrevivientes pusilánimes, acobardados, sin albedrío y sin gobierno. Somos lectores y espectadores inermes de sus mensajes, de sus abominables avisos. La impiedad es tan abrumadora como la impotencia; la intemperie y la orfandad parecen tan irremediables como la corrupción, la irresponsabilidad y la ineficacia.
El desamparo social es tan categórico como las afirmaciones imbéciles de Gómez Mont y de Calderón. México no es un país violento, ésa es una imagen perversa creada por la prensa, dice el jefe de la política interior del país. El problema real no es la violencia, sino la percepción que se tiene de ella, lo secunda el otro en el extranjero. Y ambos no dan un paso, donde anden, si no es bajo la custodia de cientos de efectivos, civiles y militares, armados hasta los dientes.
Nunca nos ha importado nuestra capacidad de mandato, y la oportunidad de enmendar en la democracia se ha extraviado en la incivilidad política y en la insensibilidad ciudadana para entender que la evolución civilizatoria pasa por la escuela, por la calidad educativa, por los valores del conocimiento, sin los cuales no se pueden reconocer los fracasos históricos ni hacer del descubrimiento, la rectificación y la innovación, los componentes esenciales de una verdadera idiosincrasia moderna, competitiva y progresista, capaz de fortalecer sus instituciones y las facultades representativas y coercitivas del Estado nacional.
Los ciudadanos reducimos nuestra responsabilidad cívica a votar: si las cosas salen mal, votamos por otro partido; si las cosas siguen igual o peor, nos olvidamos de las elecciones y no votamos. En el saldo de las frustraciones y los desencantos, sólo resolvemos que todos los partidos y todos los candidatos son iguales.
Y es seguro que lo sean, si los ciudadanos de la era de la democracia no hemos dejado de ser lo que siempre hemos sido: gobernados en busca de alguien que mande y se ocupe de nosotros.
Si la calidad del sufragio es incapaz, por supuesto, de trascender la esterilidad de la enseñanza, no pueden esperarse mayores virtudes representativas: la política no pasará de “la grilla”; las elecciones seguirán siendo sólo la coartada sucesoria de los gobernantes y de las élites en el poder, los cacicazgos partidistas en turno.
La cosa es muy fácil de explicar y harto difícil de resolver, por más que lo intelectuales más célebres del país se desborden en interminables y eruditas disertaciones en torno del fracaso de la democracia, y concluyan, tras otros tantos extensos y luminosos ensayos y diagnósticos, que el problema de todo es que la democracia fue secuestrada por los partidos y se pervirtió en partidocracia, la que hoy día tiene acorralado al presidente de la República y atora las decisiones nacionales en el pantano de las conveniencias políticas particulares.
No, la cuestión es que no tenemos una clase política con estatura de Estado. El sufragio en lugar de crecer en su aptitud selectiva ha decrecido. Los electores entendieron que la diversidad partidista era lo mismo que la democracia, y que el cambio hacia adelante dependía sólo de votar por otros. Y equilibraron el poder, en efecto, distribuyéndolo entre los partidos, pero el equilibrio supuso negación y nulidad a partir de la mezquindad privatizadora y el juego de intereses cupulares, y no sinergia: diferenciación virtuosa y constructiva.
La calidad del voto tiene la misma dimensión de la calidad de la escuela pública. De la integridad moral del SNTE. Es la misma calidad de la política y del poder del Estado para garantizar en la democracia y en la pluralidad la paz pública, el desarrollo y la justicia. Es el mismo valor de la competitividad, del ejercicio de la ley, de la viabilidad soberana del país. El mismo, ni más ni menos, del análisis intelectual y de la crítica del fútbol.
¿Qué va a pasar? La hiriente historia nacional de los decapitados, de los descuartizados, de los secuestrados, de la suerte funesta de personajes tan representativos del poder como Diego Fernández de Cevallos, El Jefe Diego, ¿tiene un horizonte, un final posible?
No, si no se producen más personalidades del nivel del propio Jefe Diego. Más allá de sus posiciones políticas, de sus actitudes personales, de sus intereses públicos, de sus causas controversiales, Diego Fernández de Cevallos ha sido un político profesional de altura y un hombre de Estado con un expediente que ha hecho historia. Ha sido un activista y un ideólogo apasionado y con causa, con doctrina, con principios, con proyecto y con visión de Estado. Un líder. Con bagaje, con influencia, con autoridad moral, con sentido del poder y del honor, con congruencia institucional. Y un hombre muy valiente.
Pese a ser un exitoso litigante, un abogado de prestigio, con un importante patrimonio en bienes y dinero, a diferencia de miles de políticos muy inferiores a él –de hecho casi todos en el país; los de su clase ya son muy pocos, poquísimos, y no se incluye en ellos, ni de cerca, al presidente Calderón- andaba solo, sin escoltas, sin gente armada, sin equipos de seguridad, ni públicos ni privados.
El ataque en su contra fue alevoso, pero es sobre todo la advertencia del nivel al que ha llegado el hampa organizada en el país, y de la vulnerabilidad y la erosión alarmante que acusa el Estado mexicano.
Los captores de Diego fueron por él no porque fuese fácil asaltarlo y secuestrarlo sabedores de que andaba solo. Fueron por él sabedores de que nadie podría con ellos. Fueron por él sin el temor de que alguna autoridad les cayese encima y los desbaratara con toda la violencia que impone la reciprocidad punitiva.
Los criminales saben a ciencia cierta que su fuerza es la de la impunidad; la de la corrupción y la incompetencia de quienes deben perseguirlos y castigarlos; la degradación de los gobiernos cuya legitimidad debiera impedir la proliferación homicida atacándola en sus fuentes y asegurando sanciones ejemplares y a la medida de la vileza de los criminales.
Hay poquísimas personalidades de Estado en el país con una noción muy clara del incendio que lo consume, ¿se atreverían a ponerse el traje de bomberos y a lanzarse sobre el poder para batirse contra la desalmada furia incendiaria del narco después de lo de Diego? ¿Y seguirán los frívolos y los insensatos de siempre anhelando el poder, después de los de Diego; rociando demagogia sobre las llamas en sus aparejos, sólo para la vanagloria y el saqueo?
La imagen del Jefe Diego secuestrado, que circulaba la semana pasada en todos los medios, es sobrecogedora. Un hombre tan altivo, tan sólido, tan vital, tan poderoso, postrado por la humillación, la impotencia, la absoluta invalidez en su miserable cautiverio. Esa imagen de Diego es la de la autoridad del Estado mexicano. Es la imagen del país.
Por fortuna seguía vivo; al hilo de la muerte, pero vivo. En la óptica del Gobierno federal, de Gómez Mont, de Calderón, eso no tiene que ver con los gravísimos estándares de violencia que se especula consumen al país; eso es sólo una percepción de la violencia.
Para esos líderes del Estado mexicano la violencia se mide en número de asesinatos por número de habitantes, y en eso México es mucho menos violento que Brasil, se nos entera.
No importa si en Colombia y en Brasil no existe el horror de los decapitados, de los descuartizados de cada día; la visión omnipresente de la impiedad de los sicarios, de la extrema libertad para matar, para matarse, para someter y exterminar a quien sea, del grado de poder económico y político que tenga. No importa.
En la noción del gobierno mexicano esa impunidad asesina es un problema más o menos normal de inseguridad. La violencia es sólo una estadística sobre los homicidios; las dimensiones de la crueldad es lo de menos. La percepción de la violencia es una conspiración siniestra de los medios.
Que así lo crean los líderes mexicanos no sería tan peligroso: cosa del enanismo mental y político. Pero eso creen también intelectuales tan célebres como Héctor Aguilar Camín. Y así lo han establecido especialistas del Colegio de México en el tema de la delincuencia.
Si ésa es la convicción crítica de los eruditos, ¿cómo no ha de sustentarse en ella la de los grises burócratas panistas que gobiernan? El grado de la levedad intelectual y moral es lo que profundiza la violencia.
Los viejos tiempos del poder autoritario derivaron, con la democracia, en los tiempos del poder sin autoridad. Antes los policías y las fuerzas de seguridad respetaban la jerarquía del poder político como a Dios. La criminalidad era una amenaza contra la paz pública, y la paz pública era la mayor divisa de la oferta del régimen revolucionario. Todos los cuerpos policiacos y las fuerzas de seguridad debían ser implacables contra la criminalidad, así se entendieran por criminales algunos actos de inconformidad política contra el autoritarismo y la corrupción del Estado.
El partido de la alternancia presidencial decidió descabezar este viejo sistema de control de la política interna y los órganos de seguridad dependientes de ella. Ahí radicó su propuesta de combate a la corrupción. Despidieron a los jefes de la vieja guardia, desintegraron sus grupos incondicionales, pero se quedaron con todo lo demás -porque los mandos "alternativos" no tenían experiencia ni capacidad, aunque les sobraban las ínfulas de nuevos conquistadores; eran huecos y jactanciosos, y los antiguos subordinados se convirtieron entonces en sus consejeros fundamentales; fueron los estrategas de las delicadas políticas de seguridad del nuevo orden. Así empezó a romperse todo en el país: lo que servía lo hundieron, y lo que no servía lo reemplazaron por algo peor.
La corrupción del sistema de seguridad, que estaba bajo el control de la dirigencia política, quedó a la deriva y se amafió con el narco. La política interior fue despojada del enorme poder del que disponía. La Secretaría de Gobernación se convirtió en un membrete para cubrir la agenda de las relaciones políticas del presidente de la República, y los policías de segunda del viejo régimen tomaron las riendas de la seguridad nacional. El resultado fue el acabose: se disparó la corrupción, el caos y la ingobernabilidad. Se disparó la violencia y la incapacidad para contenerla. Por eso los asaltantes de Diego saben que ellos mandan. Entre otras cosas porque no hay gente como Diego en el poder que tenga agallas y visión de Estado para acabar con ellos.
Hoy sólo quedan dos tipos de políticos en el país: los fatuos que siguen creyendo que en México no pasa nada y que se puede seguir lucrando en el poder sin contratiempos, y los que ya no quieren saber nada en sus municipios y en sus estados porque los sicarios los someten o los matan, sin preocuparse si se llevan entre las balas a sus mujeres y a sus hijos. Las dos o tres excepciones que quedan ya no pueden sin embargo andar como andaba el Jefe Diego cuando lo secuestraron: a merced de su valor y sin pistoleros que lo custodiaran.
¿Qué va a pasar…? Lo previsible es aterrador. Pero podría empezarse por algo muy concreto y muy simple para intentar evitarlo. Hay que enterrar la grilla, olvidarse de ella, hacer la vida pública en serio. La frivolidad en estos tiempos puede salir muy cara. La pueden seguir pagando los ciudadanos pero también los aspirantes al poder. Su codicia irresponsable les puede costar la vida.
Cancún, por ejemplo, no está ya para la politiquería; para superficialidades y proyectos políticos anodinos. No se puede andar con grillas y eventualidades aventureras y oportunistas. No se puede gobernar con ocurrencias y simplificaciones de temporada. Si no hay un expediente de valor, de principios, de compromiso verdadero con la vida pública, es mejor ahora no meterse. Para gobernar en esta hora debe no tenerse miedo, pero tampoco ligereza. En contraparte debe contarse con una visión estratégica y una posición histórica muy definida frente a la quiebra del Estado nacional que se padece, y donde muere y peligra tanta gente. Hablamos de depredadores brutales que andan destrozando gente a cualquier hora del día, favorecidos por la complicidad, la incompetencia o el pavor de los cuerpos policiacos.
En Quintana Roo hay más drogadictos y viciosos que en cualquier otro estado del país –por número de habitantes-, y es natural que la medida de ese mercado sea también la medida de la violencia y la inseguridad que se le asocian. Insistir en hacer grilla en ese contexto en lugar de gobernar y hacer política con un espíritu de Estado es potenciar la violencia al infinito. ¿Qué va a pasar en tales condiciones?: el desastre, en sus desconocidos ámbitos extremos. La alternativa es gobernar y hacer política profesional. Algo que ahora se advierte como un milagro.
Nunca nos ha importado nuestra capacidad de mandato, y la oportunidad de enmendar en la democracia se ha extraviado en la incivilidad política y en la insensibilidad ciudadana para entender que la evolución civilizatoria pasa por la escuela, por la calidad educativa, por los valores del conocimiento, sin los cuales no se pueden reconocer los fracasos históricos ni hacer del descubrimiento, la rectificación y la innovación, los componentes esenciales de una verdadera idiosincrasia moderna, competitiva y progresista, capaz de fortalecer sus instituciones y las facultades representativas y coercitivas del Estado nacional.
Los ciudadanos reducimos nuestra responsabilidad cívica a votar: si las cosas salen mal, votamos por otro partido; si las cosas siguen igual o peor, nos olvidamos de las elecciones y no votamos. En el saldo de las frustraciones y los desencantos, sólo resolvemos que todos los partidos y todos los candidatos son iguales.
Y es seguro que lo sean, si los ciudadanos de la era de la democracia no hemos dejado de ser lo que siempre hemos sido: gobernados en busca de alguien que mande y se ocupe de nosotros.
Si la calidad del sufragio es incapaz, por supuesto, de trascender la esterilidad de la enseñanza, no pueden esperarse mayores virtudes representativas: la política no pasará de “la grilla”; las elecciones seguirán siendo sólo la coartada sucesoria de los gobernantes y de las élites en el poder, los cacicazgos partidistas en turno.
La cosa es muy fácil de explicar y harto difícil de resolver, por más que lo intelectuales más célebres del país se desborden en interminables y eruditas disertaciones en torno del fracaso de la democracia, y concluyan, tras otros tantos extensos y luminosos ensayos y diagnósticos, que el problema de todo es que la democracia fue secuestrada por los partidos y se pervirtió en partidocracia, la que hoy día tiene acorralado al presidente de la República y atora las decisiones nacionales en el pantano de las conveniencias políticas particulares.
No, la cuestión es que no tenemos una clase política con estatura de Estado. El sufragio en lugar de crecer en su aptitud selectiva ha decrecido. Los electores entendieron que la diversidad partidista era lo mismo que la democracia, y que el cambio hacia adelante dependía sólo de votar por otros. Y equilibraron el poder, en efecto, distribuyéndolo entre los partidos, pero el equilibrio supuso negación y nulidad a partir de la mezquindad privatizadora y el juego de intereses cupulares, y no sinergia: diferenciación virtuosa y constructiva.
La calidad del voto tiene la misma dimensión de la calidad de la escuela pública. De la integridad moral del SNTE. Es la misma calidad de la política y del poder del Estado para garantizar en la democracia y en la pluralidad la paz pública, el desarrollo y la justicia. Es el mismo valor de la competitividad, del ejercicio de la ley, de la viabilidad soberana del país. El mismo, ni más ni menos, del análisis intelectual y de la crítica del fútbol.
¿Qué va a pasar? La hiriente historia nacional de los decapitados, de los descuartizados, de los secuestrados, de la suerte funesta de personajes tan representativos del poder como Diego Fernández de Cevallos, El Jefe Diego, ¿tiene un horizonte, un final posible?
No, si no se producen más personalidades del nivel del propio Jefe Diego. Más allá de sus posiciones políticas, de sus actitudes personales, de sus intereses públicos, de sus causas controversiales, Diego Fernández de Cevallos ha sido un político profesional de altura y un hombre de Estado con un expediente que ha hecho historia. Ha sido un activista y un ideólogo apasionado y con causa, con doctrina, con principios, con proyecto y con visión de Estado. Un líder. Con bagaje, con influencia, con autoridad moral, con sentido del poder y del honor, con congruencia institucional. Y un hombre muy valiente.
Pese a ser un exitoso litigante, un abogado de prestigio, con un importante patrimonio en bienes y dinero, a diferencia de miles de políticos muy inferiores a él –de hecho casi todos en el país; los de su clase ya son muy pocos, poquísimos, y no se incluye en ellos, ni de cerca, al presidente Calderón- andaba solo, sin escoltas, sin gente armada, sin equipos de seguridad, ni públicos ni privados.
El ataque en su contra fue alevoso, pero es sobre todo la advertencia del nivel al que ha llegado el hampa organizada en el país, y de la vulnerabilidad y la erosión alarmante que acusa el Estado mexicano.
Los captores de Diego fueron por él no porque fuese fácil asaltarlo y secuestrarlo sabedores de que andaba solo. Fueron por él sabedores de que nadie podría con ellos. Fueron por él sin el temor de que alguna autoridad les cayese encima y los desbaratara con toda la violencia que impone la reciprocidad punitiva.
Los criminales saben a ciencia cierta que su fuerza es la de la impunidad; la de la corrupción y la incompetencia de quienes deben perseguirlos y castigarlos; la degradación de los gobiernos cuya legitimidad debiera impedir la proliferación homicida atacándola en sus fuentes y asegurando sanciones ejemplares y a la medida de la vileza de los criminales.
Hay poquísimas personalidades de Estado en el país con una noción muy clara del incendio que lo consume, ¿se atreverían a ponerse el traje de bomberos y a lanzarse sobre el poder para batirse contra la desalmada furia incendiaria del narco después de lo de Diego? ¿Y seguirán los frívolos y los insensatos de siempre anhelando el poder, después de los de Diego; rociando demagogia sobre las llamas en sus aparejos, sólo para la vanagloria y el saqueo?
La imagen del Jefe Diego secuestrado, que circulaba la semana pasada en todos los medios, es sobrecogedora. Un hombre tan altivo, tan sólido, tan vital, tan poderoso, postrado por la humillación, la impotencia, la absoluta invalidez en su miserable cautiverio. Esa imagen de Diego es la de la autoridad del Estado mexicano. Es la imagen del país.
Por fortuna seguía vivo; al hilo de la muerte, pero vivo. En la óptica del Gobierno federal, de Gómez Mont, de Calderón, eso no tiene que ver con los gravísimos estándares de violencia que se especula consumen al país; eso es sólo una percepción de la violencia.
Para esos líderes del Estado mexicano la violencia se mide en número de asesinatos por número de habitantes, y en eso México es mucho menos violento que Brasil, se nos entera.
No importa si en Colombia y en Brasil no existe el horror de los decapitados, de los descuartizados de cada día; la visión omnipresente de la impiedad de los sicarios, de la extrema libertad para matar, para matarse, para someter y exterminar a quien sea, del grado de poder económico y político que tenga. No importa.
En la noción del gobierno mexicano esa impunidad asesina es un problema más o menos normal de inseguridad. La violencia es sólo una estadística sobre los homicidios; las dimensiones de la crueldad es lo de menos. La percepción de la violencia es una conspiración siniestra de los medios.
Que así lo crean los líderes mexicanos no sería tan peligroso: cosa del enanismo mental y político. Pero eso creen también intelectuales tan célebres como Héctor Aguilar Camín. Y así lo han establecido especialistas del Colegio de México en el tema de la delincuencia.
Si ésa es la convicción crítica de los eruditos, ¿cómo no ha de sustentarse en ella la de los grises burócratas panistas que gobiernan? El grado de la levedad intelectual y moral es lo que profundiza la violencia.
Los viejos tiempos del poder autoritario derivaron, con la democracia, en los tiempos del poder sin autoridad. Antes los policías y las fuerzas de seguridad respetaban la jerarquía del poder político como a Dios. La criminalidad era una amenaza contra la paz pública, y la paz pública era la mayor divisa de la oferta del régimen revolucionario. Todos los cuerpos policiacos y las fuerzas de seguridad debían ser implacables contra la criminalidad, así se entendieran por criminales algunos actos de inconformidad política contra el autoritarismo y la corrupción del Estado.
El partido de la alternancia presidencial decidió descabezar este viejo sistema de control de la política interna y los órganos de seguridad dependientes de ella. Ahí radicó su propuesta de combate a la corrupción. Despidieron a los jefes de la vieja guardia, desintegraron sus grupos incondicionales, pero se quedaron con todo lo demás -porque los mandos "alternativos" no tenían experiencia ni capacidad, aunque les sobraban las ínfulas de nuevos conquistadores; eran huecos y jactanciosos, y los antiguos subordinados se convirtieron entonces en sus consejeros fundamentales; fueron los estrategas de las delicadas políticas de seguridad del nuevo orden. Así empezó a romperse todo en el país: lo que servía lo hundieron, y lo que no servía lo reemplazaron por algo peor.
La corrupción del sistema de seguridad, que estaba bajo el control de la dirigencia política, quedó a la deriva y se amafió con el narco. La política interior fue despojada del enorme poder del que disponía. La Secretaría de Gobernación se convirtió en un membrete para cubrir la agenda de las relaciones políticas del presidente de la República, y los policías de segunda del viejo régimen tomaron las riendas de la seguridad nacional. El resultado fue el acabose: se disparó la corrupción, el caos y la ingobernabilidad. Se disparó la violencia y la incapacidad para contenerla. Por eso los asaltantes de Diego saben que ellos mandan. Entre otras cosas porque no hay gente como Diego en el poder que tenga agallas y visión de Estado para acabar con ellos.
Hoy sólo quedan dos tipos de políticos en el país: los fatuos que siguen creyendo que en México no pasa nada y que se puede seguir lucrando en el poder sin contratiempos, y los que ya no quieren saber nada en sus municipios y en sus estados porque los sicarios los someten o los matan, sin preocuparse si se llevan entre las balas a sus mujeres y a sus hijos. Las dos o tres excepciones que quedan ya no pueden sin embargo andar como andaba el Jefe Diego cuando lo secuestraron: a merced de su valor y sin pistoleros que lo custodiaran.
¿Qué va a pasar…? Lo previsible es aterrador. Pero podría empezarse por algo muy concreto y muy simple para intentar evitarlo. Hay que enterrar la grilla, olvidarse de ella, hacer la vida pública en serio. La frivolidad en estos tiempos puede salir muy cara. La pueden seguir pagando los ciudadanos pero también los aspirantes al poder. Su codicia irresponsable les puede costar la vida.
Cancún, por ejemplo, no está ya para la politiquería; para superficialidades y proyectos políticos anodinos. No se puede andar con grillas y eventualidades aventureras y oportunistas. No se puede gobernar con ocurrencias y simplificaciones de temporada. Si no hay un expediente de valor, de principios, de compromiso verdadero con la vida pública, es mejor ahora no meterse. Para gobernar en esta hora debe no tenerse miedo, pero tampoco ligereza. En contraparte debe contarse con una visión estratégica y una posición histórica muy definida frente a la quiebra del Estado nacional que se padece, y donde muere y peligra tanta gente. Hablamos de depredadores brutales que andan destrozando gente a cualquier hora del día, favorecidos por la complicidad, la incompetencia o el pavor de los cuerpos policiacos.
En Quintana Roo hay más drogadictos y viciosos que en cualquier otro estado del país –por número de habitantes-, y es natural que la medida de ese mercado sea también la medida de la violencia y la inseguridad que se le asocian. Insistir en hacer grilla en ese contexto en lugar de gobernar y hacer política con un espíritu de Estado es potenciar la violencia al infinito. ¿Qué va a pasar en tales condiciones?: el desastre, en sus desconocidos ámbitos extremos. La alternativa es gobernar y hacer política profesional. Algo que ahora se advierte como un milagro.
FUENTE: http://www.estosdias.com.mx/actual/signos.html
EL SEMANARIO DE QUINTANA ROO- Chetumal, 26 de Mayo de 2010
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