Tribuna de opinión
Chávez y la libertad de prensa
El presidente de Venezuela Hugo Chávez ha llevado a cabo múltiples acciones orientadas a generar censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación independientes. Entre ellas limitar el acceso a las fuentes informativas gubernamentales, intimidar a periodistas, cerrar y cercar económicamente a los medios opositores.
El controvertido otorgamiento del premio Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata al mandatario venezolano Hugo Chávez, disparó en la Argentina una discusión con fuertes alineaciones ideológicas. Por eso, es importante saber qué opinan los periodistas venezolanos.
Esa opinión se expresó en una carta abierta fechada el 30 de marzo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) dirigida a la decana de la Facultad de Comunicaciones de la UNLP, Florencia Saintout, y publicada íntegramente por el diario El Universal, de Caracas. Dice textualmente:
“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), observa con estupefacción la entrega del premio de periodismo Rodolfo Walsh de la Universidad Nacional de La Plata, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
“Nuestro sindicato, que este año cumple 65 años de fundado y que defiende los derechos de los trabajadores de la prensa en Venezuela, ha sido testigo, y así lo ha denunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de cómo durante el Gobierno del presidente Chávez se han llevado a cabo múltiples acciones orientadas a generar censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación independientes y a establecer en Venezuela lo que el actual ministro de Información, Andrés Izarra, bautizó como la hegemonía comunicacional.
“La arremetida del Gobierno del acreedor al premio de esa Universidad incluye:
“Acceso a la información: En Venezuela el acceso a las fuentes informativas gubernamentales para los medios privados es bastante limitado y se prohíbe a ciertos medios privados, de orientación editorial opositora, el acceso a las ruedas de prensa de los funcionarios públicos. Con frecuencia se realizan encuentros de voceros del Gobierno con la prensa donde acuden sólo representantes de medios estatales, para no recibir preguntas que pueden ser incómodas. Por otra parte, el acceso a la información que manejan los entes del Estado es severamente restringida: Boletines epidemiológicos, cifras de asesinatos y hasta el sueldo de los funcionarios públicos, forman parte del secreto que trata de guardar el alto Gobierno.
“Agresiones: Solo desde 2005 hasta 2010 la organización no gubernamental Espacio Público ha registrado 186 casos de agresiones contra comunicadores sociales en el ejercicio de sus funciones o medios de comunicación. Hay que resaltar que el 25 de septiembre de 2010 el propio vicepresidente de la República, Elías Jaua, dio un fuerte empujón y estuvo a punto de hacer caer al periodista de Globovisión, Jhonny Ficarella, quien en el ejercicio de sus labores pretendía hacerle algunas preguntas. La agresión fue captada por la cámara del canal. Esta intolerancia desde lo más alto del Gobierno, es replicada en los sectores de base que los apoyan y que en ocasiones agreden física o verbalmente a los trabajadores de los medios, que previamente el Gobierno ha identificado como sectores ‘oligarcas’. También en agosto de 2009 un grupo de comunicadores sociales repartían en el centro de Caracas material informativo y panfletos, los cuales cuestionaban el contenido de algunos artículos de la Ley Orgánica de Educación. Por esta acción 12 periodistas fueron salvajemente golpeados y pateados por grupos afectos al ganador del premio Rodolfo Walsh. A pesar que los responsables de la acción fueron captados por cámaras fotográficas y completamente identificados, ninguno recibió sanción por ese hecho. Esto es solo una prueba de la impunidad que rodea las agresiones contra los periodistas en Venezuela.
“Intimidación a periodistas: En las pocas ruedas de prensa donde los periodistas independientes son convocados, es común que los voceros gubernamentales traten de intimidar o incluso insultar a los comunicadores, si alguna pregunta le es incómoda. Así le ocurrió el 27 de septiembre pasado a la periodista venezolana Andreína Flores, corresponsal de RCN Colombia y Radio Francia, a quien el presidente de la República, Hugo Chávez, llamó ignorante, mentirosa y expuso al escarnio público en cadena nacional de radio y televisión, por hacer una pregunta de por qué si la oposición había recibido mayoría de votos en los pasados comicios legislativos, había obtenido menor cantidad de diputados. Al día siguiente, en un programa de un canal estatal, la periodista fue sometida también a escarnio y trataron de revelar asuntos de su vida privada.
“Cierre de medios: El gobierno sacó del aire la señal abierta de RCTV (de línea editorial opositora) en 2007, que se vio obligada a reducir sus transmisiones a la televisión por suscripción. No obstante, el Gobierno repentinamente aprobó en 2009 un reglamento de productores nacionales audiovisuales, para regular los canales por cable. Producto de este reglamento, el Gobierno decidió sacar la señal de RCTV del aire en enero de 2010, esta vez de la grilla de la televisión por suscripción y ordenó a los cableoperadores a cumplir esa instrucción. En julio de 2009, ya el Gobierno había sacado del aire a 32 emisoras de radio e informó que 240 correrían igual suerte, estas medidas, sin embargo, no se han materializado, pero han generado autocensura por temor a represalias.
“Cerco económico a medios: Los medios de comunicación independientes están siendo sometidos a un asedio económico importante, usando para ello al organismo tributario. Además, persisten las severas restricciones a la importación del papel para la elaboración de periódicos, debido al control cambiario impuesto. Por otra parte, la pauta publicitaria oficial solo es asignada para los medios complacientes con el Gobierno, mientras los procesos de expropiaciones a empresas privadas originan la pérdida de importantes anunciantes. Todo esto conlleva a una situación de delicada salud financiera de las empresas de comunicación social en Venezuela.
“Criminalización de la opinión: Se ha incrementado el intento del Gobierno de castigar con prisión a quienes puedan decir señalamientos en su contra. Así le ocurrió al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, a quien un tribunal le abrió un proceso judicial por unos comentarios que hizo en Aruba el 21 de marzo de 2010, en el marco de una reunión de la SIP, relacionados con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. También al dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, estuvo casi dos meses en prisión y todavía tiene un juicio abierto por emitir su opinión el 8 de marzo de 2010 en un programa de televisión sobre un auto de la Audiencia de España respecto de la supuesta colaboración del Gobierno venezolano con la ETA y las Farc. Esta criminalización de la opinión ocurre por la falta de independencia de los poderes públicos.
“El SNTP considera que tal balance no puede sumar méritos para obtener un premio en un claustro universitario, que debería impulsar desde sus aulas una defensa férrea de las libertades de información y expresión. Más bien, los trabajadores de la prensa en Venezuela esperaríamos la solidaridad continental, fundamentalmente de los países de donde salieron gran cantidad de ciudadanos perseguidos por dictaduras y que encontraron en el suelo venezolano un refugio y una nueva patria.
Sólo desde 2005 hasta 2010 la organización no gubernamental Espacio Público ha registrado 186 casos de agresiones contra comunicadores sociales en el ejercicio de sus funciones.
Esta intolerancia desde lo más alto del Gobierno, es replicada en los sectores de base que los apoyan y que en ocasiones agreden física o verbalmente a los trabajadores de los medios.
Junta directiva del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
Prensa de Venezuela
FUENTE: DIARIO EL LITORAL DE SANTA FE,
5 DE ABRIL 2011
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