sábado, 2 de noviembre de 2013

Periodistas argentinos denuncian ante la OEA que el Gobierno busca limitar la libertad de prensa en el país

Joaquín Morales Sóla, junto con Magdalena Ruiz Guiñazú, expusieron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los problemas para ejercer el periodismo independiente en la Argentina
 

Los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú lanzaron esta tarde fuertes acusaciones contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , en representación de un grupo de periodistas que solicitaron una audiencia del ente de consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
 
El periodista Joaquín Morales Solá denunció que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada". Denunció, por ejemplo, "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que -dijo- "ha perdido la tranquilidad" para su profesión. En este sentido, señaló que se produce una "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tiene una visión crítica del Gobierno".

Además, declaró que algunos periodistas son insultados y agraviados cotidianamente en la calle por personas que se identifican con el Gobierno nacional. "Te gritan sicario, vendepatria. Las palabras violentas preceden a los hechos violentos, y en este momento no sabemos a cuánto estamos de la frontera que divide las palabras de los hechos", indicó.

 
 
En la misma línea, Magdalena Ruíz Guiñazú sostuvo que "hace tres años" fue sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa Rosada a plena luz del día en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura".

En su testimonio, Ruíz Guiñazú no solo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia". "Vale aclarar que en apoyo a ese juicio asistió el por entonces presidente del Consejo Federal de Comunicación, Néstor Busso, y además el programa 678, vocero del oficialismo en el canal de televisión pública, difundió ampliamente esa mentira", agregó.

El Gobierno fue representado en la audiencia de la OEA por el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, y funcionarios de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.


Antes de la presentación, la ex ministra de Seguridad Nilda Garré atacó a los periodistas que luego expondrían ante el organismo. Acusó a Morales Solá y Ruiz Guiñazú de "operadores de corporaciones". En un escrito publicado en su Facebook, Garré aseguró que los periodistas "tratan de convencer en el exterior lo que efectivamente es imposible de tomar por cierto". La funcionaria calificó de "insólito" el reclamo


fuente: http://www.lanacion.com.ar/1634589-periodistas-denuncian-ante-la-oea
-que-el-gobierno-busca-limitar-la-libertad-de-prensa-en-el-pais#v

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Argentina en la CIDH |

Qué denunciaron Ruiz Guiñazú

y Morales Solá

Los periodistas llevaron a la OEA acusaciones contra el Gobierno en alusión a la libertad de expresión en el país. Qué dijeron.

Los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá comparecieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar las condiciones de la libertad de prensa en Argentina. Contra el rechazo de la embajadora argentina en ese organismo, Nilda Garré, los periodistas llevaron el reclamo de otros cinco colegas, en torno al enfrentamiento del Gobierno Nacional hacia la prensa opositora.

La presentación se enmarcó en el 149 período de sesiones de la Comisión que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ruiz Guiñazúdenunció que "hace tres años" fue "sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno a plena luz del día" en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura".

En su testimonio, la periodista no sólo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia". Por su parte, Joaquín Morales Solá advirtió que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada", al tiempo que destacó "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que, dijo, "ha perdido la tranquilidad" para su profesión.

El comunicador se refirió a la "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tenemos una visión crítica del Gobierno". "Están buscando la autocensura", afirmó. Ruiz Guiñazú y Morales Solá representaron también a Nelson Castro, José Eliaschev, Alfredo Leuco, Luis Majul y Mariano Obarrio, quienes denunciaron la existencia de "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión".

Respuesta diplomática.

La embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Nilda Garré acusó hoy a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola de haber viajado a Washington para "victimizarse" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la entidad continental (CIDH).

La diplomática señaló en su página de Facebook que ambos periodistas son "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos" y agregó que "vinieron a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones".

Aunque la presentación había sido gestionada con anterioridad, la ex ministra de Defensa y de Seguridad enmarcó la visita "a tres días del fallo de la Corte Suprema de Justicia" y dijo que "la propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles".

Para Garré, la finalidad de la presencia de los periodistas "es martillar sobre alguna opinión pública internacional predispuesta a interpretaciones negativas en torno a las políticas nacional-populares en América latina".

No fueron los únicos. Argentina no fue el único país que denunció conflictos con el ejercicio de la libertad de expresión. A su turno, organismos de Venezuela y Ecuador llevaron a la CIDH reclamos similares. Tan sólo en 2013, Veezuela sufrió 71 casos de censura, así como de periodistas que son insultados públicamente por altos funcionarios públicos, la destrucción de material informativo o el cierre de programas radiales o televisivos críticos al gobierno, dijo la investigadora de la asociación Espacio Público, Gloria Salazar.

"Cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela, un aumento de 87% respecto a 2012", dijo Salazar, acompañada de representantes de otras organizaciones. En Venezuela, los periodistas enfrentan restricciones para acceder a la información oficial o son agredidos en sus labores, mientras que los periódicos tienen dificultades para obtener divisas del Estado para importar papel, denunciaron los ponentes.

Los casos se intensificaron durante los días previos y posteriores a las elecciones del 14 de abril, en las que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, tras la muerte en marzo del mandatario Hugo Chávez.

"Persiste el desproporcionado uso del poder del Estado para criminalizar a periodistas", así como defensores de derechos humanos y reporteros ciudadanos, señaló Marianella Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad.

A su vez, entidades de la sociedad civil ecuatoriana reclamaron el lunes en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción en Ecuador de leyes y decretos que limitan la libertad de prensa y de asociación.

En especial, los representantes de diversas entidades criticaron la aplicación de la ley de comunicación y el alcance del polémico Decreto Ejecutivo 16, que regula el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil. "La ley orgánica de comunicación, el Decreto 16 y el reglamento para el sistema unificado de información contienen graves violaciones a los derechos ciudadanos previstos en la Constitución de Ecuador", dijo Carlos Castellanos, presidente de la federación de comerciantes minoristas.

De acuerdo con Castellanos, el alcance del Decreto 16 hace que organizaciones que no tengan sus reglamentos internos y estructura debidamente registrados "pasan a actuar fuera de la ley".
Por su parte, los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano afirmaron ante la CIDH que la nueva ley de comunicación contempla la colocación de un funcionario oficial en cada órgano de prensa.

Ese funcionario tiene facultad "para verificar los contenidos", de acuerdo a Cano. Por ello, las entidades sociales pidieron a la CIDH que realice una visita a Ecuador y que "elabore un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia" en ese país.

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