jueves, 6 de marzo de 2014

ARGENTINA: proyecto de reforma del Código Penal: El Juez "Zaffaroni le regala 15 años de libertad al asesino de Ángeles Rawson"

El proyecto de reforma del Código Penal que alienta Cristina Fernández de Kirchner ha provocado un debate intenso y creciente, que divide aguas en la sociedad argentina porque el problema de la inseguridad, la reparación de las víctimas y el castigo de los culpables, que conmovió tanto al ladriprogresismo en los temas vinculados a la violencia política de los años '70 y comienzos de los '80, no parece importarle demasiado cuando se relaciona con la delincuencia común del siglo 21. Los seguidores de Eugenio Zaffaroni parecieran propiciar una laxitud que no han tenido ellos con quienes aborrecen por haber participado de la represión de la guerrilla y sus aliados en los años pasados. Precisamente el autor de la siguiente columna de opinión, Adolfo Casabal Elía Marcó del Pont, conoce estos temas no sólo por ser abogado penalista, que le impone un conocimiento del Código vigente, sino por haber defendido a procesados/condenados por sus acciones en aquellos años. Es muy interesante su análisis de la situación:

por ADOLFO CASABAL ELÍA

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Especial para Urgente24). El proyecto redactado por la comisión presidida porEugenio Raúl Zaffaroni, como no podía ser de otra manera, resultó absolutamente despenalizador.

Es decir, siguiendo las teorizaciones de escritorio que el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha logrado imponer mayoritariamente en los fallos penales cotidianos, y que tanto han afectado la seguridad pública debido a la impunidad claramente establecida, no es más que una tentativa de llevar a la norma escrita las mayores ventajas posibles para los delincuentes.

Y esto de modo que ellos puedan reducir al máximo las penas a cumplir o, directamente, eludir el encarcelamiento que la posición ideológica de los proyectistas no tolera.
                                                 
Nadie duda que las cárceles argentinas son hoy en día –y desde mucho tiempo atrás- una verdadera escuela de delincuencia.

Ahora bien, la solución está en corregir urgentemente sus deficiencias de calidad y cantidad y no en que se ponga en libertad a quienes delinquen sin haber reparado a sus víctimas  –a las cuales hay que dar prioridad- con la sociedad y consigo mismos.  
                                                 
Aquí una aclaración. Llamamos pseudo garantistas a Zaffaroni y sus muchos seguidores (magistrados y funcionarios letrados de jerarquía, lamentablemente) porque “garantistas” somos todos los que pretendemos para los malvivientes el juicio más justo y con todas las garantías que les otorga nuestra Constitución Nacional pero, y esto es importante, sin recibir ninguna ventaja, ningún beneficio especial producto de pensar –equivocadamente, por cierto-, que, en realidad, los delincuentes son las verdaderas víctimas de una sociedad que los marginó y los llevó al delito.
                                                 
Así, entonces, las ventajas de que hablamos se traducen en el proyecto en poner un tope de treinta años a la pena de prisión con la posibilidad de cumplir sólo las dos terceras partes por grave que sea el delito cometido (posibilidad que se convertirá de hecho en obligación; los jueces terminan cambiando “podrá” por “deberá”).

De tal modo y por ejemplo, el asesino de Angeles Rawson que hoy recibiría prisión perpetua (eliminada en el proyecto) y debería cumplir 35 años como mínimo, con el nuevo ordenamiento saldrá en libertad a los 20 años de prisión: Zaffaroni le otorga 15 años de rebaja.
                                                 
También,

> se elimina la reincidencia como agravante (queda prohibido tener en cuenta el historial criminal para medir la pena a imponer por un nuevo delito);  

>se veda, asimismo, considerar más o menos peligroso al delincuente –lo cual es legítimo en el Código vigente, porque se dice que si se lo hace se afectan los derechos humanos de quien delinquió;

>  se establece la pena natural para aquél que sufrió un daño personal al cometer un hecho ilícito de cualquier gravedad lo cual significa la reducción de la sanción o, incluso, la exención de ella según el grado de ese daño;

> se establecen penas alternativas como posibilidad al cumplimiento de la mitad o las dos terceras partes de la condena, según el caso, pero que, como dijimos, se convertirán en obligatoriedad y de esa forma se reducen todas las sanciones cambiándolas por un sistema que de penas muy poco tiene y es de imposible contralor material;

>  se mantiene la suspensión del juicio a prueba (probation) que no ha dado resultado; y

>  se agregan otros beneficios en la Parte General del proyecto que, en consecuencia, alcanzan a la totalidad de los ilícitos de la Parte Especial que los regula 1 a 1.

En este aspecto, hay que destacar particularmente, la rebaja de las penas del homicidio, del robo, de la corrupción, del secuestro, de la trata de blancas, del narcotráfico y de otros muchos episodios delictuales.               
                                                 
De lo expuesto sintéticamente se deduce, con facilidad, que el proyecto Zaffaroni debe ser categóricamente rechazado por la ciudadanía honesta y tranquila que sólo exige que el Estado la proteja para vivir en paz.

 fuente:
Urgente24. com - Alerta