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Por Redacción
Bolpress
- Se estima que
el 25 por ciento del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10 por
ciento del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en
otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos.
Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco
años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.
12 de
diciembre, 2012.-
Desde 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el
acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en
África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo
colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex
director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia Saudí,
Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar
alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan
predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales. El
capital financiero ve a Sudamérica como la
principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. (1)
En septiembre
de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los
gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La
principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka
Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook
compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. (2)
“Hay un masivo
resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región.
Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de
tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios
Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio
realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
(3)
Los
investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la
producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur
“estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras
importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe
oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de
hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades
anónimas privadas. (4)
En Paraguay
ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por
empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y
españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos
Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas
extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras
paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.
En Bolivia se
estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales
brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la
producción de soya transgénica. (5)
Para el
director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) Fernando Eguren la
concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder
político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene
que ver con restricciones en la democracia”. (6)
Legalizan la
venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte
rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo
Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en
la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para
aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas
hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías de
todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó
transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas
denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el
déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios sectores
sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que
rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron
al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de
personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la
ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt
perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron
heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de
ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia
Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras
de la zona franca.
Por otro lado,
es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no
cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la
organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la
campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el
desarrollo” nacional.
La preocupación
estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales
suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso
de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado
por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. (7)
Recientemente
la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la
construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto
Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
No obstante, ya
suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de
anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran
la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados
Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También
fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y
por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
Privatización
en Honduras
Luego del golpe
de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista
del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de
las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”,
catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya
que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace
algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los
países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de
regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality
of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía
Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense
Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro,
ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien
pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En diciembre de
2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos
cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades
modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development
Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman,
y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina
Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y
Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
El 4 de
septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas
(Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad
modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del
Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la
subasta de Honduras mediante las RED.
Pero las RED no
son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de
diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro
presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta
fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de
Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.
Jorgensen ,
conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros
Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades
Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias
ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El “rey del
porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio
Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio
presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. (8)
Pretenden
privatizar el patrimonio natural costarricense
En Costa Rica
está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18
hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del
Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más
de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende
construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
En 2006 las
autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña
ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de
dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por
el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el
Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo
William Arauz.
Sin embargo, el
año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín
eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la
isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras,
la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz,
controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los diputados
del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron
que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de
Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del
Ministro de la Presidencia.
Al plan
privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende
reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de
las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa
Atlántica costarricense.
El Senado
chileno debate la privatización del mar
Este mes se
debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en
Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas
transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo
de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales;
otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de
los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento
máximo sostenible
.
El proyecto de
ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco
millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes
consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma
transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos
naturales del mar.
“Nos parece
inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de
votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas
ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara
Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según el
senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de
no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no
garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y
“condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la
industria”
.
Limitan la extranjerización de la tierra
en Argentina
En febrero de
2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un
anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue
aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el
Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o
tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y
adquisición de tierras por extranjeros.
La presidenta
Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos
extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede
estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30%
detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó
la agencia Télam.
La norma
argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar
las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas
prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de
cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá
como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso
natural no renovable.
La iniciativa
dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de
realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un
Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Notas
(1) El Grupo de
Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los
negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de
especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro,
metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos
que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino
que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden
alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
(2) Sudamérica en la mira de
inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; news@farmlandgrab.org, Agencias
Reuters y AFP.
(3) Tras
estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI)
concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en
la tenencia y administración de la tierra.
(4) Más de 100
casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior:
http://www.grain.org/m/?id=216 http://www.grain.org/briefings/?id=214
(5)
Concentración y extranjerización de la tierra
en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno
boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las
5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos
de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras
representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
(6)Lourdes
Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
(7) El director
del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la
inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan
los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en
tres años.
(8) http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba,
Atlántida 8 de septiembre de 2012.El capital financiero internacional se
apodera de las mejores tierras sudamericanas.
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Fuente: Bolpress: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012102201
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Fuente: Bolpress: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012102201
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fuente: http://servindi.org/actualidad/78858
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